La cuenta pendiente entre el gobierno y el terrorismo: la causa AMIA

Por Tomás Teicher

La ley Antiterrorista argentina fue sancionada en 2007 y modificada en 2011; lo que la impulsó no fue un acto terrorista en la Argentina, porque si ese hubiera sido el caso, la hubiesen sancionado 13 años atrás.

El mundo se conmocionó el 9 de septiembre de 2001 con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos y desde ese entonces a nivel internacional se instauraron organizaciones y medidas específicas contra el nuevo enemigo: el Terrorismo. Sin embargo, los argentinos suelen olvidar que en nuestro país hubo dos grandes atentados, años antes a las torres: a la Embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994.

Ambos atentados marcaron fuertemente el gobierno de Carlos Saúl Menem, ya que en él recaía la responsabilidad de que la guerra de Medio Oriente se trasladara a la Argentina y, por lo tanto, de encontrar a los responsables. “Los argentinos aflojamos un poco el tema de la seguridad porque no estamos acostumbrados a este tipo de terrorismo”, sentenció para Clarín en 1994, al día siguiente al atentado de la AMIA.

Noticiero ATC instantes después del atentado a la Amia en Pasteur 633

Para Menem ese fue el momento para “sacar del cajón” dos proyectos que intentaba impulsar hace ya unos años: la instalación de la pena de muerte y la creación de la Secretaría de Protección a la Comunidad, llamada vulgarmente la Supersecretaría de Seguridad. En julio de ese mismo año, expresó para La Razón: “cuando nosotros pretendimos crear esa secretaría se habló de un gobierno totalitario, antidemocrático y ahora que se da este tipo de acontecimiento, preguntan dónde está la seguridad”.

Ya en el primer acto de repudio al atentado de la AMIA, el 21 de julio de 1994, “el turco” recibió silbidos por parte de la multitud y nunca más volvió a asistir a un acto en conmemoración a la AMIA.

¿Hizo algo al respecto el gobierno de Menem para intentar proteger a la comunidad judía tras dos terribles atentados?

Según Ana Weinsten, directora del Centro de Documentación e Información sobre judaísmo argentino en AMIA, “Por definición de policía de la Ciudad de Buenos Aires, a los 2/3 días pusieron barriles delante de la puerta como medida provisoria de seguridad. Y agregó: “Otras instituciones judías comenzaron a pensar en algún tipo de valla para que se dificultase cualquier intención de acercarse o subirse a la vereda”.  

Weinstein, que es una de las sobrevivientes al atentado, opina que para ella ningún gobierno en particular hizo grandes avances con la causa de AMIA y contra el terrorismo y que “todos los presidentes se comprometieron en su inicio diciendo que van a esclarecer todo y que van a poner su mayor esfuerzo, pero estos 25 años de cambios de gobierno han demostrado que no lo han hecho”.

Testimonio de vida de Ana Weinstein, sobreviviente del atentado. Parte de un documental hecho por AMIA.

Y esto efectivamente es así, Néstor Kirchner en 2003, en el noveno aniversario del atentado, prometió que “el ataque no quedará impune” y calificó al atentado como una “asignatura pendiente, vergonzosa y dolorosa”. Él fue quien abrió los archivos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia) y así hizo avanzar la causa.

En ese mismo acto, el titular de la AMIA de ese momento, Abraham Kaul, reconoció la actitud del presidente de mostrar señales de que realmente se estaba haciendo algo al respecto y señaló la falta de acción por parte de Menem, De la Rúa y Duhalde.

Recién con Cristina Kirchner se avanzó en la mencionada Ley Antiterrorista que intentaba proteger a la Argentina del terrorismo e intentar dar más seguridad a las instituciones judías.

Ahora, con el gobierno de Macri, la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que desde que Cambiemos está en el poder hay un sistema de Interpol que permite saber las alertas de todas las personas que tienen vínculos con el terrorismo. Lo cual genera contradicción con la sospechosa entrada por la aduana aeroportuaria de dos iraníes con dos documentos israelíes falsificados.

Weinsten entiende que las medidas actuales eran impensadas 20 años atrás y piensa que “hay que reconocer que la tecnología ha avanzado poderosamente, por lo tanto, quizás, en la época de los atentados, esas personas podrían haber sido ubicadas a las pocas horas, pero es imposible saberlo”.

Ella y toda la comunidad judía siguen pidiendo justicia.

Trabajo doméstico: una tarea feminizada y sin derechos (ni jubilación)

Por Aldana Gola

La moratoria previsional para que las mujeres de entre 60 y 64 años con menos de 30 años de aportes puedan acceder a una jubilación vence el próximo 23 de julio y esta vez no habrá renovación. El fin de esta opción de compra de aportes por la que entre 2003 y 2016 se jubilaron con la mínima casi un millón ochocientas mil mujeres, pone en agenda la necesidad de un sistema laboral y previsional que contemple el valor económico de las tareas domésticas y de cuidado, que históricamente han recaído sobre las mujeres.

Según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada en 2013 por el Instituto de Estadísticas y Censo (INDEC), la tasa de participación de los varones en el trabajo doméstico no remunerado es de 57,9% contra el 88,9% de las mujeres. Ellas dedican a estas tareas de limpieza y cuidado unas 6,4 horas, casi el doble de las 3,4 que utilizan ellos. La brecha es más grande entre los más jóvenes: en los grupos de 18 a 29 años, las mujeres participan del trabajo doméstico un 64% más que los varones. Entre los 30 y los 59 años, esta diferencia es del 52% y después de los 60, del 46%.

De acuerdo a un informe del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy degradado a Secretaría, el porcentaje de mujeres en el mercado laboral creció del 36,8% en 1990 al 48,1% en el primer trimestre de 2017, pero no sucedió lo mismo con el trabajo de los hombres en el hogar. Para la economista feminista y docente Lucía Cirmi Obón, esto tiene que ver con políticas públicas que quedaron basadas en un formato viejo, en el cual la mujer cuida y el varón trabaja, y también con el supuesto de que todas las familias son heterosexuales y en pareja. “A la vez, no hay servicios de primera infancia que cubran las necesidades, entonces se queda en la casa el que menos gana que, en Argentina y el mundo, son ellas”.

Los estudiantes de segundo año de TEA.

El trabajo doméstico es fundamental para la economía porque permite que las personas puedan vivir y acceder a un empleo, pero hoy sólo es remunerado cuando se realiza fuera de la casa: de las mujeres ocupadas, el 17,3% trabaja en este tipo de tareas. La mayoría son madres y el 28,6% son pobres, según datos de 2018 del Ministerio de Trabajo.“Hay una naturalización de que el trabajo que se hace en los hogares es una responsabilidad natural femenina, que ellas tienen una intuición para cuidar y limpiar y en base a eso se armó un sistema económico que no lo contabiliza y, cuando lo hace, lo remunera por debajo de lo que vale, explica Cirmi Obón.

Cronista: Juan Pablo Rodríguez – Cámara: Belén Romano – Edición: Agustín Ceñal

Que estas tareas no sean remuneradas afecta a las trabajadoras que se desempeñan dentro y fuera de sus casas y repercute en sus jubilaciones. Por un lado, las “amas de casa” no son reconocidas como trabajadoras por el Estado; por el otro, las que trabajan fuera del hogar suelen hacerse cargo de una doble jornada: una remunerada y otra, la doméstica, sin remuneración. Esto condiciona su compromiso, determina su elección hacia una ocupación de tiempo parcial, genera descuentos en su salario o afecta el hecho de ser consideradas para un posible ascenso. “Esta situación impacta en el desarrollo profesional de las mujeres y eso se ve en las estadísticas de Argentina”, dice la economista. “A pesar de que siempre hay una brecha en la participación laboral entre ambos géneros, después de la etapa fértil se acentúa y las mujeres vuelven con un ingreso más bajo.

Para Cirmi Obón, es necesario transformar el sistema previsional para que no perjudique a las mujeres y profundice las brechas de género. “Habría que ir en el futuro a un sistema donde haya jubilaciones universales que se financien con contribuciones de todos los tipos de trabajadores y también de otros impuestos”, explica. Hay que sacarse un poco de la cabeza el sistema contributivo porque no resuelve y deja a las mujeres en situación de pobreza. Como una solución temporal, la diputada nacional de Córdoba Federal Alejandra Vigo presentó un proyecto de ley para extender la moratoria, que vence el 23 de julio próximo, hasta septiembre de 2020.